LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES

Hay dos características especialmente llamativas de los gobierno de Zapatero en España. Son aparentamente contradictorias, pero están, extrañamente, ligadas. Una es la facilidad con la que ha dado pasos de gigante en la legislación que regula libertades y mejoras sociales. Otra la ambigüedad de los textos legales en las que se sustentan y, por ende, la interpretabilidad que de las mismas se hace. Y es que algunos de esos textos, aparentemente impecables, pretenden ser tan correctos para no molestar a nadie que al final cada cual los interpreta como mejor le venga a sus intereses. Y más en un país como este, donde el estado de las autonomías está convirtiendo en moneda corriente el retorcimiento de las leyes, la aplicación de las partes que sólo les conviene o la aprobación de añadidos que, en muchas ocasiones, retuerce el espíritu mismo de las leyes.

No hay más que recordar la nefasta redacción de la ley antitabaco, burlada acá y acullá, la ley de la Memoria Histórica, ignorada en muchas comunidades, la ley de la Dependencia, para la que no se quieren usar los recursos necesarios...o la nueva ley del aborto. Resulta que abortar en este país sigue siendo tan difícil como casi siempre; se ponen tantas trabas que casi es más fácil el recurso de largarse a Londres, y para eso más valía no haber legislado nada.

La última pifiada la tenemos en el gobierno de Castilla-La Mancha que amplía la objeción a la ley a más personal del que el propio texto recomendaba. Ha sido ese ejecutivo autónomo, de mayoría socialista absoluta por cierto, el que cede a las presiones del colegio de Médicos y mete en el saco a todo el que quiera objetar. Total, hecha la ley, hecha la trampa.

Hay algo que es difícilmente entendible, ese supuesto derecho a objetar y por tanto saltarse a la torera una ley aprobada por el parlamento de todos. Es un recurso del que cada vez se abusa más y resulta aún más incomprensible que hagan uso de él funcionarios públicos o trabajadores de la sanidad pública, es decir de la que pagamos todos. Quizá habría que recordar, aunque suene un poco demagógico, algunas cosas elementales: la ley del aborto no obliga a nadie a abortar, sólo protege el derecho de los que quieren libremente optar al mismo. Al ser ley, serían, sobre todo los centros públicos los que deberían extremar su cuidado a la hora de cumplir ese derecho, facilitando las cosas y manteniendo en todo momento el derecho a la intimidad de quien se quiere acoger al mismo. Pero resulta que en este país una cosa es lo que dice la ley y otra lo que ocurre cada día. Y así nos enteramos que en Cataluña y Madrid se viola el derecho a la intimidad, al identificar al paciente, cuando este pretende recobrar el dinero gastado en una intervención que deberá pagar en primera instancia. Sabemos que en Navarra, Castilla y León y la Rioja es de todo punto imposible abortar. Y ahora resulta que todo el personal sanitario de Castilla-La Mancha puede objetar y no participar en ninguna fase de la interrupción del embarazo.

Este empieza a ser un país de locos. Así que siguiendo esa locura, lo suyo sería hacer un registro públicos de los objetores y asegurarse que luego no van a colaborar en abortos en centros privados. Porque es más que sabido que es en lo público donde muchos se envuelven en la bandera de la moralidad y creencias para negarse a cumplir la ley, para luego hacer caso omiso a esos escrúpulos y practicar abordos en sus clínicas o en las que se sacan un extra.

No voy a entrar en la hipocresía moral de los susodichos. Pero sí me gustaría reclamar al gobierno que se deje de mandangas y haga cumplir las leyes. Y si no puede hacerlo, entonces que no legisle.

Y sí, ya sé que es demagógico, pero ¿puedo objetar a Hacienda?. Me encantaría y sobre todo tengo razones de peso: por ejemplo no quiero que vaya ni un sólo euro de mi bolsillo a la iglesia católica y demás sociedades afínes, ni al gobierno de Esperanza Aguirre, ni a las nucleares, ni a las visitas papales, ni al año compostelano, ni a....¿Puedo?